Universidad Antonio Ruiz de Montoya
Diplomado en Interculturalidad y Pueblos Indígenas Amazónicos
Curso: Conflictos Sociales Interculturales: fundamentos, procesos y metodologías
Análisis de la gestión Intercultural del Conflicto Minería Ilegal en Río Nanay
INTRODUCCIÓN
La gestión del conflicto social es un proceso en el que interactúan las instituciones con principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que conforman toda una estructura mediante la cual el Estado asegura su intervención en la resolución de los conflictos sociales de forma integrada, participativa y multisectorial (Proyecto USAID, 2012, p. 83).
El Gobierno Regional es un actor clave, que lamentablemente, ha jugado más a favor de los que cometen delitos que para que se solucione el problema (entrevista propia).
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| FUENTE: https://ojo-publico.com/4600/la-maldicion-del-oro-la-cuenca-amazonica-del-rio-nanay |
ANÁLISIS DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DEL CONFLICTO A NIVEL LOCAL
“el estado actúa cuando se lo presiona, pero eso no debe continuar así. ¿Dónde están las autoridades que tienen todo el poder para dialogar con los mineros?, nosotros ya estamos cansados de tanto atropello. Por culpa de los extractivistas de oro nuestros pueblos están enfrentados, incluso, a veces entre familias”, comenta el testigo.
Las comunidades de la cuenca del Nanay están organizadas. Tanto FECONARINA como CONACCUNAY son muestra del trabajo coordinado que vienen realizando, acompañados por ONGs, y últimamente por algunas instituciones del GOREL (ellos actúan como actores terceros internos-externos). Prueba de ello es que FECONARINA ha podido armar sus planes de vida al 2030. Este trabajo está contribuyendo para la transformación del conflicto sobre todo con la participación de los pobladores involucrados a través de sus organizaciones.
Las comunidades afectadas, tanto campesinas como nativas, en un principio buscaron dialogar con los extractores de oro de su territorio, han puesto todos los medios posibles para que se favorezca a las partes, pero la parte extractivista quiso solo negociar no dialogar. Esto implicaba para las comunidades pérdida, aunque en un principio parecía que ambas partes ganaban -las comunidades por cada remesa de oro tenían el 20% de la ganancia- pero hoy no es así. Las comunidades afectadas están trabajando para salir “de una situación de crisis hacia un proceso con condiciones adecuadas para el diálogo” (Proyecto USAID, 2012, p. 85). Toda esta búsqueda las llevó a enfrentarse con los extractivistas, del mismo modo, con el Estado, cada vez más ausente. Hasta ahora, solo intentos de diálogo. Como que la negociación se quiere imponer por encima de todo.
Frente a esta situación toca señalar que el Programa de Capacitación en Gestión de Conflictos Sociales para gobiernos regionales y locales, nos recuerda que justamente son los gobiernos locales los que tienen que
ejecutar acciones concretas en la identificación, análisis y gestión de los conflictos sociales, los mismos que deberán armonizar de acuerdo a las necesidades, articulando esfuerzos y generando sinergias con el gobierno regional (Proyecto USAID, 2012, p. 95).
Y aquí está la parte que nos preocupa: ¿cómo se está llevando a cabo la resolución o si se quiere la transformación del conflicto a nivel local? ¿Qué planteamientos siguen sosteniendo las comunidades afectadas o qué quieren lograr con la presencia de la minería informal? En medio de la crisis del conflicto surgen las preguntas: ¿por qué son ineficaces dichos diálogos que aparecen en el proceso sea a nivel local y luego a nivel regional? ¿Están dialogando realmente los pueblos indígenas con los pueblos campesinos? No es suficiente el acompañamiento que reciben sea de algunas ONGs como de otras instituciones que vienen haciendo presencia en la cuenca.
ANÁLISIS DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DEL CONFLICTO A NIVEL REGIONAL
En este nivel se vislumbra una situación mayor. Lo que ha provocado este conflicto social en el Nanay es que nos demos cuenta que existe una problemática estructural a nivel regional y nacional que no sabe cómo enfrentar una situación de conflicto, o de cómo prevenirlo (los expertos señalan que la intervención temprana es importante, así como la educación y/o sensibilización de las partes); o como resolverlo o mitigarlo.
Lo que nos recuerda el Programa de Capacitación en Gestión de Conflictos Sociales para gobiernos regionales y locales es que a los gobiernos regionales les corresponde:
Formular, articular y coordinar políticas y programas en el marco de las políticas nacionales de gestión de los conflictos sociales, de acuerdo a las particularidades de su territorio, realizando el seguimiento y evaluación del cumplimiento de éstas en su ámbito.Coordinar con los gobiernos locales la ejecución de las políticas de gestión de conflictos sociales, con énfasis en la prevención, la promoción de una cultura de paz y transformación de conflictos sociales.Destinar esfuerzos y recursos hacia la creación de unidades orgánicas e instancias especializadas, mecanismos, procedimientos y metodologías orientadas a dirigir el proceso de gestión de conflictos sociales en el ámbito del territorio regional y en articulación con el órgano especializado del nivel nacional (Proyecto USAID, 2012, p. 94-95).
Pero el conflicto está por cumplir 25 años y lejos de solucionarse, constatamos que se irá acrecentando y, es por lo mismo, no ha habido un tratamiento real de como saber proceder frente a los actores involucrados. Pero el problema persiste con el paso de los años; nos relata José Manuyama:
En el Nanay, en el 2000 más o menos, ya hubo un intento de sacar oro, aguas arriba. En este momento, fue expulsado dentro de las comunidades, el Estado. Luego hay proceso de exploración petrolera en el Nanay, que el Comité del Agua también colaboró para que se elimine este proyecto que era otra amenaza más para el Nanay (entrevista propia).
Luego comienza la segunda etapa con el escalamiento del conflicto. Aparecen y se multiplican las dragas; hay enfrentamientos con las fuerzas de seguridad; hay un mejor equipamiento e inteligencia de las dragas; se comienzan a corromper algunas autoridades de las comunidades; se entregan concesiones mineras; a la vez que hay resistencias por líderes comunitarios. La población de Iquitos se manifiesta, los gobiernos regionales de turno declaran en algunas oportunidades al río Nanay en emergencia.
Continúa describiendo Manuyama:
Nuevamente, el segundo momento de minería ilegal viene con más fuerza y está vigente. Antes de la pandemia y después de la pandemia continúa. Y es todo el centro del conflicto. Entre miles de personas hemos salido a la calle entre el año pasado y este año para que se resuelva este problema (entrevista propia).
Como a menudo se puede ver, una práctica común disuasiva que se desarrolla cada cierto tiempo en la cuenca es la quema de dragas artesanales como parte de una acción erradicadora de actividades ilícitas en la zona. Esta acción la lleva a cabo la Marina de Guerra (Ministerio de Defensa) en coordinación con la PNP (Ministerio del Interior) con la presencia de la FEMA Loreto (Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto) (Cf. Gob.pe, 2024). Estas intervenciones afectan a las comunidades nanainas. Incluso, algunas de ellas se llevan a cabo en colaboración con algunos comuneros de las diferentes localidades de la cuenca. Pero normalmente estas acciones disuasivas que son coordinadas con el GOREL no resuelven el problema.
“A la fecha no se ve un fortalecimiento de capacidades en las comunidades ni alternativas económicas y productivas”, comentó Manuyama, “si no hay oportunidad de trabajo siempre las comunidades van a ser vulnerables ante estas actividades que a la larga son dañinas para todos porque contaminan el río y destruyen las comunidades con la trata, prostitución, alcoholismo y otras problemáticas sociales” (CAAAP, 2021).
Resulta que el rol del Gobierno Regional como actor es clave en este problema, sea para resolverlo o para no hacerlo. Frente a esto, el profesor Manuyama afirma que
el GOREL está a cargo de un Área de Conservación Regional que está en medio y en la cabecera del Río Nanay. Cualquier cosa que suceda ahí tiene que estar bajo el control del Gobierno Regional, sin embargo, tanto en inversión como en coordinación con instituciones como policiales, militares o fiscales, el trabajo es negativo. El Gobierno Regional tiene dinero este año para invertir en las comunidades, sin embargo, no se sabe de ningún proyecto emblemático para el Nanay. Siendo el Nanay tan importante para la población más grande del Departamento de Loreto. Entonces es un actor clave, que lamentablemente, ha jugado más a favor de los que cometen delitos que para que se solucione el problema (entrevista propia).
Según el intendente nacional de Estrategias y Riesgo de la Sunat, Antonio Peña, el problema de la minería ilegal del oro es un tema multisectorial (Gutierrez y Vilcapoma, 2024, pp. 4-5). Por ello, la pregunta que nos hacemos en esta etapa es: ¿qué políticas y/o programas de gestión de conflictos sociales contaba el GOREL para enfrentar esta situación? La región Loreto está caracterizada por una amplia variedad de conflictos sociales que no han sabido ser tratados o atendidos. Falta de seguimiento, acompañamiento, articulación, e incluso coordinación con los gobiernos locales para ejecutar políticas de gestión de conflictos sociales. Es muy probable que los gobiernos locales no tengan los mecanismos, políticas y personal competente, incluso, a nivel intercultural, para actuar en estas situaciones. ¿La cultura de paz y transformación de conflictos sociales es parte importante en las políticas que ejecutan los gobiernos locales y/o regionales?, nos preguntamos.
Mientras estamos realizando este análisis se ha producido un hecho muy importante, el Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, con fecha 15 de agosto de 2024, ha declarado la nulidad de una concesión minera, suspendiendo otras que estaban en proceso. Esto no sólo es un paso para no dar avance a la minería legal sino que también pone de manifiesto la necesidad de terminar con la minería ilegal para la protección del río Nanay. Por este motivo, consideramos que es posible que se esté entrando en una etapa de crisis si es que el poder judicial y legislativo logran decir no a la minería ilegal.
Finalmente, si no se llega a un diálogo entre las tres partes (comunidades, mineros ilegales y el Estado) la cuenca del Nanay se vería más afectada. Y esta afectación sería a nivel político (un gobierno local vulnerable, incluso, por no saber cómo enfrentar la situación); a nivel económico (porque la población sigue encontrando en la minería informal una forma de sobrevivencia y de respuesta a la pobreza que aumenta en la región); y lo más penoso, es el nivel ecológico porque se estaría afectando toda la biodiversidad, los bosques, las aguas, y en consecuencia, la vida de los pobladores.
Apostar por el diálogo sigue siendo el mejor camino, donde las partes expresan sus razones y puedan encontrar una solución razonable. El GOREL en representación del Estado tendría que garantizar el respeto a los derechos de las personas y la protección del territorio en la cuenca con una puesta en práctica del diálogo intercultural.
José Manuyama, continúa manifestando su preocupación y dice que
“el Nanay tiene que liberarse de toda actividad ilícita, especialmente de la minería ilegal, porque está en riesgo la vida de medio millón de personas (...) cuantos más seamos, más podemos presionar para que el Estado nos atienda”, indicó a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). (Valdivia Blume, 2024)
En consecuencia, a esta altura del análisis, nos surgen otras preguntas: ¿quién está legitimando de manera constante este conflicto?, ¿quién está planteando una solución real al conflicto?, y por último, ¿quién estaría financiando este conflicto?
ANÁLISIS DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DEL CONFLICTO A NIVEL NACIONAL
El año 2013, la Defensoría del Pueblo en su Informe N° 160 sobre Gestión del Estado frente a la Minería Informal e Ilegal en el Perú recomienda a la Presidencia del Consejo de Ministros (entidad responsable de la coordinación con distintas instancias del Estado) que presida la Comisión Multisectorial Permanente, con el objetivo de realizar seguimiento a las acciones del Estado frente a la minería ilegal y el desarrollo del proceso de formalización. Una vez instalada la Comisión Multisectorial, tendrá entre sus funciones:
a) Establecer la Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal, así como recomendar los ajustes y las mejoras correspondientes.
b) Dar seguimiento al proceso de formalización establecido en el Decreto Legislativo N° 1105, así como recomendar ajustes y mejoras correspondientes.
c) Elaborar informes semestrales sobre el avance y los resultados de la implementación de las acciones establecidas en los Decretos Legislativos.
d) Elaborar propuestas de desarrollo alternativo y remediación en las zonas afectadas por la minería ilegal.
e) Desarrollar programas sociales para la erradicación de trabajo infantil y la prostitución de menores en las zonas donde se realizan actividades mineras.
También, recomienda al Ministerio de Energía y Minas (instancia del gobierno nacional encargada de elaborar, aprobar, proponer, aplicar la política y dictar la normativa pertinente del sector minería) que con respecto a la minería informal e ilegal, sus funciones serán:
a) apoyar al reforzamiento de las capacidades de gestión de los gobiernos regionales;
b) administrar el Fondo para el Proceso de Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal;
c) elaborar y aprobar, conjuntamente con el MINAM, el Plan de Recuperación de los Impactos Ambientales generados por la minería ilegal, así como por la Pequeña Minería y la Minería Artesanal; y
d) emitir el informe técnico favorable previo a la emisión de la Resolución de Autorización de Inicio de actividades de exploración o explotación, así como de beneficio de minerales.
Frente a este rol de la Defensoría del Pueblo vemos que las recomendaciones dadas por ella todavía no van en la vía de la resolución del conflicto social. Nos preguntamos: ¿quiénes son los cómplices de este conflicto?. Al respecto, Mons. Miguel Angel Cadenas, del Vicariato Apostólico de Iquitos
es categórico al recordar la expresión que en otras oportunidades ha usado y con la que en esta oportunidad se refiere a la problemática del Río Nanay que define como una «zona de sacrificio» porque se trata de territorios donde el Estado no invierte lo suficiente o favorece la contaminación y que generalmente corresponden a zonas de poblaciones vulnerables y no logran percibirse los beneficios futuros para dichos grupos humanos. Aspectos que se cumplen en el caso de la situación que padecen los habitantes de las riberas del río Nanay afectados por la concesión minera y la falta de voluntad política [...] «Invito a los políticos a velar por el bien común, no por el interés de unos pocos. Ahora bien, las comunidades necesitan dinero para su vida diaria, haciéndolas más vulnerables». Para Mons. Cadenas «el Estado no puede, ni debe, unirse a los grupos económicos que solo buscan su beneficio a costa del medio ambiente y de la seguridad alimentaria e hídrica de los moradores del Nanay y de la ciudad de Iquitos». (Calderón Gómez, 2023)
Es claro que el negocio del oro, sigue siendo la principal amenaza del lavado de activos en el Perú, por lo tanto, un delito, es más rentable que cualquier otro negocio ilegal, incluso, según la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú se estima que esta actividad ilegal moviliza en Perú alrededor de USD 3.721 millones, el monto más alto respecto a otros delitos [...] incluyendo el tráfico ilícito de drogas [...] los delitos tributarios, [...] los delitos contra la administración pública, según las investigaciones encontradas. Se sigue que, la ausencia del Estado no permite una transformación del conflicto (Berríos, 2023).
En relación a los tratados internacionales que el Estado Peruano ha ratificado, tenemos el Convenio 169 de la OIT. Convenio que entró en vigor en Perú en 1995. Al tener este Convenio 169 un carácter constitucional, es decir, que está al mismo nivel que la Constitución Política, se sigue que el Estado Peruano está obligado a velar por los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
En lo que respecta a la Consulta Previa en los casos de minería, ésta se aplica una vez que se han aprobado los permisos previos, incluido el Estudio de Impacto Ambiental. En este procedimiento se ve cómo se considera a este derecho colectivo un mero trámite ya que no se toma en cuenta a los pueblos indígenas. En el caso de la minería ilegal del Río Nanay y de la entrega de concesiones mineras por el Estado no se ha realizado el proceso de Consulta Previa. Por lo tanto, no sólo se estaría vulnerando este derecho sino que también muchos otros, como los derechos a la libre determinación y autodeterminación.
RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN DESDE UN ENFOQUE TRANSFORMADOR
Para la gestión del conflicto desde un enfoque transformador a largo plazo y que tenga un impacto sobre la problemática estructural es necesaria la intervención del Estado de forma integrada, participativa y multisectorial. Para ello es necesario la intervención de actores terceros. En este caso recomendamos la conformación de una comisión integrada por la FECONARINA, el Vicariato Apostólico de Iquitos y la Defensoría del Pueblo, tres instituciones en las cuales las comunidades tienen confianza y que pueden cumplir un rol de articuladores a nivel local y regional. A la vez por estar integradas por actores terceros tanto internos, como externos e interno-externo se cuidará y se privilegiarán las dimensiones interculturales, ya que cuando todas las partes son de cultura diferente, estas dimensiones son máximas (Avruch & Black, pág. 8)
Esta comisión visitará las comunidades del Alto Nanay convocando a los comuneros al diálogo. En los locales comunales se dialogará a partir de la siguiente pregunta: ¿cómo me siento cuando veo una peque-draga?, ¿por qué me siento así? A partir de ese diálogo y escucha en las comunidades se podrá identificar las problemáticas del conflicto, así como los sentimientos negativos que existen entre las partes.
Si este diálogo puede darse en las comunidades y una vez reconocidas las problemáticas de fondo, se puede motivar a una conciliación en las comunidades sobre algunos puntos en común que necesitan para el buen vivir.
A partir de aquí y de manera multisectorial, el GOREL puede acercarse y comenzar un diálogo a través de diferentes gerencias que tengan que ver con las problemáticas. Si se garantizan los derechos a la educación, a la salud, al agua potable; si se trabaja en una economía desde la mirada de los pueblos indígenas y ribereños; y si se respetan los derechos colectivos al territorio, a la autodeterminación y a la gobernanza de los pueblos indígenas, se estará impactando en los problemas estructurales del conflicto.
Por otro lado, son necesarias las acciones judiciales contra la minería ilegal y contra la adjudicación de concesiones mineras que contaminan las aguas. A nivel nacional, se seguirán desarrollando actividades que tengan incidencia para la construcción de políticas públicas que cuiden la vida de los pueblos de la Amazonía, como así también para el cumplimiento del Convenio 169.
ALGUNAS CONCLUSIONES
El conflicto social en Nanay nos lleva a pensar acerca de la importancia de cómo poder plantear y trabajar con las comunidades de la cuenca el tema de prevención y manejo de conflictos para conservar la paz y el respeto entre comunidades. Así como manejar un sistema de alerta temprana que permita a la población manejar y analizar la información sobre posibles peligros que podrían afectar a las comunidades y que respuestas tener frente a las posibles amenazas que traerían las políticas extractivistas en la región.
Preocupa como se han ido desarrollando los diálogos. ¿Cuáles han sido esas falsas soluciones que han aparecido en el proceso durante todos estos años?, ¿cómo desenmascarar la verdad? Si los diálogos no fueron eficaces, habría que desenmascararlos. El rol que jugarían los actores terceros internos - externos nos podría ayudar a responder si ¿el ritmo de las inversiones en el río Nanay están respondiendo a las necesidades de las comunidades?
Hay diversas visiones del mundo. Todas han de ser respetadas, sin embargo, ¿cuáles serían los principios de diálogo que podríamos aplicar en este contexto? Sabiendo que una cosa es el diálogo y otra la negociación. Sabiendo que el paternalismo es una constante amenaza al diálogo. Entonces, nos preguntamos: ¿quién está en situación de carencia, de vulnerabilidad en medio de este conflicto social?, ¿cuáles han sido los acuerdos cumplidos y cuáles no? En este proceso de diálogo, incluso el promovido por el Estado, ¿quién impone sus ideas?, ¿los indígenas actúan según su cosmovisión? Y en la ciudad de Iquitos, ¿qué rol juegan los medios de comunicación social?
Finalmente, ¿qué hubiera sucedido si como parte de los principios de resistencia de una comunidad amazónica, esta dice no a la minería? Y lo dice porque tiene derecho a decir no, en ese deseo de tener a su territorio libre de actividades extractivistas.
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| FUENTE: https://es.mongabay.com/2024/01/peru-frenan-entrega-de-concesiones-mineras-rio-nanay-solo-por-un-ano/ |
BIBLIOGRAFÍA
Avruch, K. y Black, P. La resolución de conflictos en marcos interculturales: problemas y perspectivas.
Berríos, M., (2023). Minería ilegal se extiende en más de 30 distritos de cinco regiones amazónicas del Perú. Ojo Público. https://ojo-publico.com/ambiente/mineria-ilegal-peru-avanza-mas-30-distritos-la-amazonia
CAAAP, (2021). Minería ilegal en el Nanay (Loreto): Destruyen 12 peque-dragas, pero no hay detenciones. https://caaap.org.pe/2021/08/30/mineria-ilegal-en-el-nanay-loreto-destruyen-12-peque-draga s-pero-no-hay-detenciones/
Calderón, P. (2023). Mons. Miguel Ángel Cadenas: “No puede haber desarrollo, sin vida digna para los moradores del Río Nanay”. ADN Celam. https://adn.celam.org/mons-miguel-angel-cadenas-no-puede-haber-desarrollo-sin-vida-digna -para-los-moradores-del-rio-nanay/
Defensoría del Pueblo, (2013). Gestión del Estado frente a la Minería Informal e Ilegal en el Perú. Informe N° 160. Tarea Asociación Gráfica Educativa. Lima.
Gob.pe, (2024). Duro golpe a la minería ilegal en la cuenca del Río Nanay. https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/1011444-duro-golpe-a-la-mineria-ilegal-en-la-c uenca-del-rio-nanay
Gutierrez R., M. y Vilcapoma, Y. (2024). Dueños de procesadoras de oro enfrentan graves investigaciones. El Comercio. https://elcomercio.pe/lima/judiciales/duenos-de-procesadoras-de-oro-enfrentan-graves-investigaciones-paltarumi-dorato-llipata-jimmy-pflucker-sandro-herrera-noticia/#:~:text=Desde%2 0setiembre%20del%202023%2C%20Iv%C3%A1n,las%20actividades%20de%20su%20plan ta).
Proyecto USAID/Perú ProDescentralización, (2012). Programa de capacitación en gestión de conflictos sociales para gobiernos regionales y locales: análisis de conflictos sociales. Tarea Asociación Gráfica Educativa. Lima.
Valdivia Blume, D., (2024). Loreto: ciudadanos protestan contra la minería ilegal ante incremento de dragas en ríos Nanay y Marañón. Infobae. https://www.infobae.com/peru/2024/06/06/loreto-ciudadanos-protestan-contra-la-mineria-ileg al-ante-incremento-de-dragas-en-rios-nanay-y-maranon/
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