Una rápida mirada por nuestra Amazonía y la presencia de industrias extractivas

Por Roberto Carrasco, OMI

 

1.                  EL PLANETA HERIDO: Se constata que, en la mayoría de los países de América Latina y El Caribe, hay una expansión acelerada de las industrias extractivas, formales e informales, cuyas actividades tienen, muchas veces, impactos negativos en la vida de las poblaciones aledañas. Como dice el documento de Aparecida: “...hay una explotación irracional que va dejando una estela de dilapidación, e incluso de muerte, por toda nuestra región” (DA  43).

2.                  La Iglesia no puede ser indiferente a las preocupaciones, las angustias y la tristeza de las personas, sobre todo de los pobres y afligidos (GS 1).

3.                  Junto con el crecimiento de las industrias extractivas a nivel mundial, notamos una relocalización de los flujos de inversión, motivada por la recuperación de los precios de los minerales. Hay nuevos actores en escena como Brasil, India y China que contribuyen al incremento de la demanda. Ello incide significativamente en el incremento de los precios de los metales. Existe, pues, una demanda cada vez mayor de materias primas tanto por parte de los países emergentes como de los países industrializados. Algunos de éstos últimos, incluso, han desarrollado estrategias de mediano y largo plazo para garantizar su abastecimiento, llegando a declarar dicho abastecimiento como un interés de seguridad nacional.

4.                  Existen varios testimonios sobre conflictos entre poblaciones afectadas por las actividades extractivas, el Estado y las empresas privadas en diferentes países de América Latina, testimonios que son reflejos de una grave problemática social y ambiental (en Loreto son más de 40 años de presencia petrolera en la región).

5.                  En ciertos casos se constata un comportamiento irresponsable de las empresas transnacionales porque en el desarrollo de sus actividades no se rigen por los estándares sociales y ambientales reconocidos internacionalmente, mientras que muchos Estados nacionales permanecen indiferentes o pasivos frente a estas prácticas indebidas.

6.                  Se ha comprobado que el desarrollo de actividades industriales para la exploración y explotación minera y de hidrocarburos genera una liberación, dispersión y deposición de productos químicos y residuos de diversa naturaleza, tales como cianuro de sodio, plomo, arsénico, uranio, mercurio y otros metales pesados. Ellos contaminan directamente o por infiltración, los recursos hídricos (glaciares, lagos, ríos y el agua en el subsuelo), el aire y el suelo. En algunos casos la contaminación perdura por miles de años, provocando graves enfermedades y mutaciones genéticas. Este hecho, sumado a la destrucción de suelos (lixiviación) y de paisajes – que para algunas comunidades indígenas son considerados sagrados- , perjudica sensiblemente la calidad de vida tanto de las personas como de animales y plantas. Se constata la aparición y el incremento de enfermedades entre los pobladores del lugar y de las comunidades aledañas afectadas por la actividad minera informal y en ciertos casos por la actividad formal. En la mayoría de los casos los trabajadores y pobladores quedan abandonados a su suerte.

7.                  Generalmente las industrias extractivas que no manejan correctamente el recurso hídrico, afectan el derecho humano al agua como bien público, la producción de alimentos y la agricultura. Eso provoca migración, convirtiéndose comunidades enteras en “refugiados ambientales”, víctimas de una economía informal y en ciertos casos por la actividad formal de índole neoliberal basada fuertemente en el extractivismo y la venta de materia prima en el mercado mundial. Ello trae como consecuencia la ruptura de los invalorables proyectos de vida de las comunidades.

8.                  Se observa a la vez una creciente concentración de derechos de la propiedad y del uso concesionario de tierras en las manos de empresas transnacionales que, en muchos casos, también ejercen un fuerte control social sobre amplios territorios.

9.                  Las empresas extractivas y, sobre todo la minería, son actividades que requieren mucha tecnología y emplean poca mano de obra. Es cierto que se generan puestos de trabajo, pero éstos son por tiempos limitados y, en muchos casos, en situaciones de sub-contratas laborales o “services” que lesionan los derechos de los trabajadores y trabajadoras. En el caso de la minería informal se observa un aumento de la mortalidad por accidentes de trabajo. Es justo reconocer que ha decrecido considerablemente el número de obreros que mueren a causa de accidentes de trabajo por incumplimiento de las normas de seguridad en el caso de la minería formal.

10.               LOS ESTADOS: Las actividades extractivas mayormente son realizadas por empresas privadas transnacionales y, frente al poder económico de éstas, se observa un debilitamiento de los estados nacionales y de su soberanía sobre todo en los niveles de gobierno local. Muchas veces los gobiernos nacionales no cumplen satisfactoriamente su función de generar y exigir el cumplimiento de las normas nacionales de protección del ambiente, permitiendo la flexibilización de los marcos regulatorios y usando los vacíos legales a favor de las empresas, en lugar de defender y proteger los derechos de la población que es la responsabilidad fundamental de todo Estado.

11.               Observamos un incremento de la corrupción y un debilitamiento de la gobernabilidad así como del sistema de justicia. Muchas veces se comprueba una falta de transparencia acerca de los contenidos de los documentos que regulan las relaciones entre el Estado y las Empresa extractivas, entre otros: contratos de concesión; estudios de impacto socio-ambiental; informes de monitoreo ambiental del ejercicio de emprendimiento. En muchos países de América Latina y de El Caribe el acceso libre a los registros actualizados de las concesiones mineras no está garantizado.

12.               Muchos de los conflictos socio ambientales se dan porque: “En las decisiones sobre las riquezas de la biodiversidad y de la naturaleza, las poblaciones tradicionales han sido prácticamente excluidas” (Documento de Aparecida, 84). Y cuando se generan conflictos no se han establecido mecanismos de diálogo, por lo que a menudo se tiende a criminalizar la protesta social.

13.               En muchas ocasiones las Fuerzas de Seguridad de los Estados, o privadas, atropellan los derechos de las poblaciones. A veces grupos guerrilleros armados o paramilitares están involucrados en la explotación de los bienes naturales, y, en otros casos, impiden con violencia las actividades extractivas.

14.               De parte del Estado a menudo no se practica la consulta previa a los pueblos indígenas, posibles de ser afectados, la cual debe ser ejecutada a través del Estado sin delegación a los sectores privados, tal como lo exige el Convenio 169 de la OIT en su Art.6.2, y la Declaración de los derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas en su Art.19. En particular frecuentemente los Estados son ineficientes en ejecutar las funciones públicas de revisión de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), la aprobación de las Certificaciones ambientales así como el monitoreo del desempeño ambiental de los emprendimientos. Ello genera contextos que son propicios para la corrupción y las relaciones impropias entre funcionarios públicos y el sector privado. Se debe garantizar asimismo un mínimo de libertad, información y buena fe con miras a alcanzar el consentimiento libre e informado de los pueblos implicados.

15.               De la misma manera corresponde profundizar en los demás aspectos la observancia del mencionado Convenio 169 de la OIT, así como los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Asimismo se destaca la falta de mecanismos efectivos para conminar y sancionar a las corporaciones multinacionales cuando incurren en violaciones de garantías reconocidas a nivel nacional e internacional.

16.               LA IGLESIA: Estamos en un escenario de incremento de los conflictos socio-ambientales en el Continente. Nos preocupa la situación de muchos agentes pastorales y líderes sociales, de defensores y defensoras de los Derechos Humanos así como a las personas que trabajan para la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales que vienen siendo amenazados, perseguidos. Pero Jesús los fortalece al afirmar: “Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el Reino de los Cielos.”(Mt 5,9–10). Nuestros pueblos anhelan un desarrollo que sea humano, integral, solidario y sostenible (cfr. DA 474c).

17.               Por otro lado destaca el acompañamiento e involucramiento de la Iglesia en los procesos formativos y en la toma de conciencia de las comunidades. Su presencia activa, al lado de la población ha sido decisiva para facilitar el diálogo y evitar la violencia, así como para invocar la solidaridad de la sociedad civil a escala internacional y las experiencias de alianzas, como por ejemplo, entre sindicatos de las empresas, cooperativas y otras organizaciones con las comunidades afectadas. Es clave conocer, documentar y sistematizar estas experiencias y sacar lecciones para lograr interactuar  eficazmente con las empresas extractivas y los poderes públicos.

 

Textos escogidos del INFORME FINAL DEL SEMINARIO INTERNACIONAL

Industrias extractivas (minería e hidrocarburos), la problemática de los recursos naturales no renovables en América Latina y la Misión de la Iglesia, Lima, 14-16 de junio de 2011 organizado por el Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM)